Para
gobiernos y empresas la gravedad de la crisis financiera ha servido de
«justificación» para reducir o paralizar las inversiones en I+D+i como «mal
menor». Por ello, cómo evitar que en un futuro la situación se repita debería
quedar contemplado en ese esperado acuerdo. «La clave está -argumenta Berrone-
en que el sector privado reconozca que
las
inversiones en I+D vinculadas al medio ambiente no es algo que le guste
hacer, sino un elemento esencial para competir en el futuro. Las empresas que no
lo hagan desaparecerán. Evidentemente, durante una crisis es más difícil
invertir en estos aspectos, pero es también el mejor momento para hacerlo».
«Si algo hemos aprendido de la situación económica actual -añade
Óscar Martín, consejero delegado de Ecoembes- es que la apuesta por la
I+D+i no se puede entender a corto plazo y que los recortes sufridos en esta
materia han provocado una década perdida en materia de innovación. Por este
motivo, apostamos por alcanzar un consenso en la sociedad que permita que esta
partida no sufra cambios en materia presupuestaria en función de los cambios
políticos».
Para Parmentier, «lo que más llama la atención es que tantos
Gobiernos se hayan escondido detrás de la crisis económica para frenar o
eliminar su apoyo a las
energías renovables, mientras al mismo tiempo
mantienen subsidios directos e indirectos a las energías fósiles y nuclear.
Según la Agencia de la Energía de la OECD, en 2013 las energías fósiles
recibieron subvenciones al consumo por valor de 548.000 millones de dólares,
mientras ese año las renovables sólo recibían 121.000 millones. Eso, sin contar
los costes de los daños ambientales que todos pagamos desde las arcas públicas.
Hay una gravísima falta de visión, de lógica y de coherencia».
Al
reflexionar sobre el camino a seguir y la capacidad de las empresas para
planificar de manera efectiva el futuro, el informe de
Accenture Strategy
-elaborado a partir de una encuesta a 750 líderes empresariales de las compañías
integrantes en el Pacto Mundial de la ONU- refleja que el 38% de los consultados
pide normas de actuación más estrictas y consistentes que puedan reducir las
emisiones y mejorar la adaptación al cambio climático». «Lo que piden - matiza
Berrone- es ser capaces de autorregularse y evitar así la regulación
gubernamental. Pero muchas industrias y compañías que lo han hecho no han sido
capaces de hacer cambios significativos. La normativa debe ser clara, aplicarse
y que se cumpla».
Reglas comunes
Parmentier insiste en que lo que «muchas empresas
quieren es contar con reglas claras que todas tengan que cumplir. De ahí la
importancia de los acuerdos multilaterales de medio ambiente como las medidas
que se acuerdan en el marco del Convenio de la ONU sobre
Cambio
Climático. Luego, existen empresas pioneras que salen ganando no sólo en
términos de imagen, sino porque son más eficientes y reducen los riesgos que
pueden derivarse de la responsabilidad jurídica por daños
ambientales».
«Las organizaciones -sostiene el CEO de Ecoembes- han
tomado conciencia de las consecuencias de actuar en un entorno con recursos
limitados. Todo ello ha contribuido a que el concepto de desarrollo sostenible
se materialice no sólo en maneras de pensar o de hablar, sino también en
acciones concretas. Es el único camino hacia el futuro».
Un baño de falsa ecología
El
escándalo Volkswagen ha evidenciado un fenómeno como el «Greenwashing», un
falso baño verde utilizado en algunas industrias más frecuente de lo pueda
pensarse, según los expertos. Para Joaquín Garralda, profesor de Estrategia y
experto en RSC de IE Business School,
«el escándalo Volkswagen ya ha
pasado factura a las empresas del sector de automoción. Las normas y los
sistemas de control previstos para su cumplimiento van a ser más estrictos. Este
fraude también va a afectar a otros sectores que se habían acostumbrado a
“optimizar” el cumplimiento de las normas, tomando decisiones más en función de
los mecanismos que se utilizan para el control -qué indicadores, cuándo se
realizan las mediciones, etcétera- que en función del propósito perseguido con
la norma».
El profesor del IESE coincide en esa idea.
«El daño
reputacional de Volkswagen tendrá un efecto cascada no tanto en empresas
alemanas, sino en empresas del mismo sector, dentro de la industria
automovilística. El sector puede tomar este acontecimiento como un daño o una
oportunidad». Para el director The Varda Group, «lo que nos recuerdan éste y
otros casos de “greenwashing” es que los reglamentos y leyes deben ir
acompañados de una fiscalización independiente y transparente».
«Casos
aislados como el de Volkswagen -lamenta Martín- generan mucha atención
mediática, desconfianza y confusión para la sociedad empañando las buenas
prácticas y los pasos importantes que las empresas están dando en
sostenibilidad». «Pero deben servirnos -continúa- para reflexionar y reforzar
los controles actuales sobre las prácticas de las empresas en esta materia, pero
además ofrecer información constante a la sociedad para que cuando surjan este
tipo de casos se entiendan como aislados y no como una práctica habitual del
entorno empresarial». La firma un acuerdo global en París es una realidad. «La
demanda de un mundo más sostenible -concluye
Berrone- no es una moda
pasajera, está aquí para quedarse y cambiará el entorno competitivo de las
empresas».
MEDIDAS APROBADAS EN EL
ACUERDO DE PARIS
La cumbre del clima (COP21) de París
adoptó el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático, estos
son algunos de los puntos más destacados del mismo.
1. Objetivo: Mantener la
temperatura media mundial "muy por debajo" de dos grados centígrados respecto a
los niveles preindustriales, aunque los países se comprometen a llevar a cabo
"todos los esfuerzos necesarios" para que no rebase los 1,5 grados y evitar así
"los impactos más catastróficos del cambio climático".
2. Forma
legal: El acuerdo adoptado es legalmente vinculante pero no la decisión que
lo acompaña ni los objetivos nacionales de reducción de emisiones. No obstante,
el mecanismo de revisión de los compromisos de cada país sí es jurídicamente
vinculante para tratar así de garantizar el cumplimiento.
3. Reducción
de emisiones: 187 países de los 195 que forman parte de la Convención de
cambio climático de la ONU han entregado compromisos nacionales de lucha contra
el cambio climático que entrarán en vigor en 2020 y se revisarán al alza cada
cinco años. Los países que no lo han hecho deberán presentarlos para poder
formar parte del acuerdo.
Cada Estado se compromete a tomar las medidas
necesarias para cumplir lo que dice en su contribución, y los que quieran podrán
usar mecanismos de mercado (compraventa de emisiones) para cumplir sus
objetivos.
4. Revisión: Los países revisarán sus compromisos al
alza cada cinco años, con la idea de ir aumentando la ambición con el tiempo
para asegurar que se alcanza el objetivo de mantener la temperatura "muy por
debajo" de dos grados.
5. Cumplimiento: No habrá sanciones, pero
habrá un mecanismo transparente de seguimiento del cumplimiento para tratar de
garantizar que todo el mundo hace lo prometido, y que advierta antes de que
expiren los plazos si los países van o no por la senda del
cumplimiento.
6. Meta a largo plazo: Las naciones se proponen que
las emisiones toquen techo "tan pronto como sea posible", reconociendo que esta
tarea llevará más tiempo para los países en desarrollo, y que se efectúen
reducciones rápidas a partir de ese momento.
Además, los países se
comprometen a lograr "un equilibrio entre los gases emitidos y los que pueden
ser absorbidos" en la segunda mitad de siglo, lo que viene a suponer cero
emisiones netas, o dicho de otro modo: no se pueden lanzar más gases que los que
el planeta pueda absorber por sus mecanismos naturales o por técnicas de captura
y almacenamiento geológico.
7. Financiación: El acuerdo dice que
los países desarrollados "deben" contribuir a financiar la mitigación y la
adaptación en los Estados en desarrollo, y anima a otros países que estén en
condiciones económicas de hacerlo a que también aporten
voluntariamente.
La intención de financiar debe ser comunicada dos años
antes de transferir los fondos, de manera que los países en desarrollo puedan
hacerse una idea de con qué montos cuentan.
Las naciones ricas deberán
movilizar un mínimo de 100.000 millones anualmente desde 2020 para apoyar la
mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo, así
como revisar al alza esa cantidad antes de 2025.
8. Pérdidas y
daños: El texto reconoce la necesidad de poner en marcha el "Mecanismo de
Pérdidas y Daños" asocados a los efectos más adversos del cambio climático, pero
no detalla ninguna herramienta financiera para abordarlo.
9.
Adopción: Tendrá lugar en una ceremonia de alto nivel en la sede de Naciones
Unidas, en Nueva York, el 22 de abril de 2016.
10. Entrada en
vigor: El nuevo acuerdo entrará en vigor cuando al menos 55 partes, que
sumen en total el 55% de las emisiones globales lo hayan ratificado. EFE
